Guía sindical sobre diligencia debida en Derechos Humanos y Medio Ambiente en empresas transnacionales

    Varias organizaciones de cooperación sindical adscritas a CCOO acabamos de publicar nuestra primera guía sindical sobre diligencia debida, en la que se pone el foco en esta herramienta emergente como un mecanismo eficaz para proteger, evitar y reparar las vulneraciones de Derechos humanos, especialmente laborales y sindicales, así como para minimizar losdaños al medio ambiente en las cadenas de valor mundiales.

    19/04/2023.
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    Presentación de la Guía

    Presentación de la Guía

    La guía, presentada hoy por Cristina Faciabén, secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO y Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo de la Universitat de Valencia y autora del documento, ha sido promovida por la Fundación 1º de Mayo, Paz y Solidaridad Euskadi, Pau i Solidaritat País Valencià y Pau i Solidaritat Catalunya de CCOO.

    El documento, titulado ‘La diligencia debida en derechos humanos, una herramienta clave en la lucha sindical para el trabajo decente’, recalca la importancia de establecer mecanismos de control de las cadenas de valor de las empresas transnacionales (ETN) debido al “profundo vínculo existente entre las violaciones (de derechos humanos) y la propia estructura de las ETN y sus cadenas globales de valor”.Así, asegura la guía, se calcula que entre el 50% y 60% de la clase trabajadora mundial está dentro de las cadenas mundiales de valor, en las que operan aproximadamente unas 50 a 60 empresas multinacionales, de las que solo el 3% es plantilla propia, mientras que el resto son personas trabajadoras subcontratadas en sus centros de producción. De todas estas personas el 70% carece de cualquier tipo de protección social, es decir, sin ningún tipo de cobertura por accidentes o sanitaria. Estas empresas generan el 80% del comercio mundial internacional. “Las empresas transnacionales (ETN) se encuentran hoy en día entre los actores más importantes de la economía mundial. La expansión de su poder se basa en una estrategia de descentralización de su producción hacia los países o regiones con estándares más reducidos de protección laboral, ambiental, fiscal, etc., para reducir los costes y aumentar la ganancia”.

    En estas cadenas, las mujeres tienen además un papel fundamental. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que unos 190 millones de mujeres trabajan en las cadenas mundiales de suministro en los 40 países en los que hay datos (de un total de 50 países aproximadamente en los que se sabe que hay centros de producción de las cadenas mundiales de valor).A pesar de su importancia económica, las empresas transnacionales operan con impunidad, ya que los marcos jurídicos actuales, tanto en el plano nacional como en el supranacional, no tienen capacidad para responder a las violaciones de derechos humanos que se producen como consecuencia de sus actividades.

    En este contexto, la diligencia debida se presenta como “un elemento cada vez más relevante en la agenda sindical”, al ser un canal para adoptar normas obligatorias para las empresas, especialmente las transnacionales, con el objetivo de que respeten los derechos humanos, y por extensión los laborales, y eviten daños al medio ambiente.Una de las herramientas de interés sindical incluidas en la diligencia debida son los llamados ‘acuerdos marco globales o internacionales’, suscritos por las organizaciones sindicales internacionales o europeas y la dirección de las empresas multinacionales para establecer de manera conjunta una serie de normas y principios mínimos de coordinación en materia de relaciones laborales, basados normalmente en los derechos sociales fundamentales tal y como los define la OIT.

    Además, para una diligencia debida óptima, es necesaria la participación sindical en diversos procesos del funcionamiento de las cadenas de valor como el levantamiento de información y cartografía de riesgos, la implantación de mecanismos de alerta a lo largo de toda la cadena, la elaboración de los planes y puesta en marcha de los mecanismos pro-equidad, o la facilitación de la denuncia interna, entre otros.

    El proyecto ha contado con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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