Entre el avance normativo y los desafíos de un mundo en transformación

Treinta años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

    La promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace tres décadas representó un hito en la protección de las personas trabajadoras, estableciendo por primera vez un marco jurídico integral en nuestro país. En su aniversario, nos corresponde hacer un balance crítico que trascienda la mera formalidad para examinar su verdadera eficacia en un contexto laboral radicalmente transformado por la digitalización, nuevos riesgos emergentes y dinámicas de gestión que desafían continuamente la materialización del derecho fundamental a la salud en el trabajo

    07/11/2025.
    Campaña "Protege la Vida, Visibiliza el Riesgo"

    Campaña "Protege la Vida, Visibiliza el Riesgo"

    Hace treinta años, el 8 de noviembre de 1995, se publicó la ansiada Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Se recalca lo de ansiada porque con ello se cumplían, con considerable retraso, los distintos compromisos jurídicos que tenía en el haber el Estado español: la trasposición de la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria; los propios compromisos adquiridos con la Organización Internacional del Trabajo y, en concreto, con la ratificación del Convenio 155; y, sobre todo, el mandato constitucional recogido en el artículo 40.2 de la Constitución.

    Una vez establecido el marco normativo y, por lo tanto, definidos los actores que debían intervenir en el sistema preventivo, con especial mención a los delegados y a las delegadas de prevención, así como las obligaciones y procedimientos que iban a dinamizar este proceso, era el momento de convertir la norma en realidad; en acción colectiva para la mejora de las condiciones de trabajo y, con ello, de la salud de los y las trabajadoras. Poner una calificación a lo que supuso la LPRL resulta complejo. Hablar de eficacia de la norma podría llevar a valorar únicamente los datos sobre siniestralidad como semáforo del éxito o fracaso de la norma. Los números indicarían una mejora, pero bien es cierto que estos nacen de una dinámica de cambio productivo y laboral importante. Sería erróneo y simplista, por lo tanto, hacer recaer en una ley diseñada para la prevención algunos elementos que, además, derivan de otros marcos normativos, como es el propio reconocimiento del daño laboral: del accidente laboral y, sobre todo, de la enfermedad profesional. Sí es importante, en cambio, para evaluar esta LPRL y la necesidad o no de su modificación, el análisis y una reflexión profunda sobre las dinámicas que pueden observarse en materia de evaluación de riesgos y las facilidades o dificultades para llevar a cabo las propias actividades preventivas.

    En este sentido, no cabe duda de que la dinámica preventiva en las empresas españolas sigue siendo ostensiblemente mejorable. La externalización (y mercantilización) de la actividad preventiva a servicios de prevención ajenos; la dinámica de fiscalización de la acción preventiva, excesivamente centrada en la forma y no tanto en el fondo; la escasa integración de la misma en las políticas de gestión empresarial de la mano de obra; las dificultades para visibilizar ciertos daños laborales (enfermedad mental, cardiopatía, cáncer laboral…); serían algunos de los aspectos que, sin caer en alarmismos, ponen en seria duda la eficacia y eficiencia de la norma.

    Por otro lado, es importante resaltar las dinámicas por las que ha atravesado el mercado de trabajo y el propio sector productivo en los últimos años. No solo ha pasado por una Gran Recesión, que fue contestada con políticas que desprotegían aún más, si cabe, a la clase trabajadora, y una pandemia a escala global, que, sin embargo, fue arropada por algunas políticas que mejoraron de forma importante factores como la inseguridad laboral o el mantenimiento de los ingresos de los y las trabajadoras, como aspectos más disruptivos e imprevisibles, sino que, a lo largo de estos treinta años, se han producido otros cambios en la economía española que han supuesto nuevas formas de trabajar. En estos momentos, aparecen elementos clave que están cambiando no solo la conformación de los procesos productivos, sino, sobre todo, las formas de gestión de la mano de obra y, por lo tanto, las condiciones de trabajo, y con ello los factores de riesgo que llevan asociadas. Así, el proceso de digitalización de los procesos de trabajo o la propia irrupción de la inteligencia artificial están variando los perfiles profesionales, las relaciones de empleo, las actividades productivas y las cadenas de valor o, más concretamente, los ritmos de trabajo o la propia extensión de la jornada laboral; la transición ecológica, o ecosocial, está conllevando la emergencia de factores de riesgo como el estrés térmico, la aparición de alérgenos o de ciertos vectores infecciosos, que obligan a un cambio o una readaptación en las evaluaciones de riesgos, por ejemplo; o las dinámicas demográficas, con los cambios en la conformación de las plantillas por tramos de edad o por los procesos de integración laboral que está llevando a cabo la población migrante. A estos cambios deberían añadirse otros a escala sectorial: la irrupción de las energías renovables, los cambios en las cadenas de suministro a escala global o la no menos importante irrupción de las actividades de economía circular.

    De ahí deriva la complejidad en la valoración de la LPRL, pero también de ahí deriva la necesidad de adaptación del marco normativo. Sin un cambio en este sentido, existiría un peligro importante: que la prevención se convierta únicamente en un proceso burocratizado sin efectos reales en las condiciones de trabajo y la salud de los y las trabajadoras. Y esto supone más sufrimiento para la clase trabajadora.

     

    En este contexto de reflexión sobre la norma, la Fundación 1º de Mayo de CCOO, en el trigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ha impulsado una campaña nacional bajo el lema "Protege la vida, visibiliza el riesgo". Este proyecto, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FSP), combina una estrategia multiplataforma que incluye presencia en medios de comunicación tradicionales, campañas en redes sociales y despliegue en soportes urbanos como vallas y mupis. La iniciativa busca así concienciar a la sociedad en su conjunto y, en particular, la clase trabajadora sobre la crucial importancia de mantener la prevención como prioridad colectiva, llevando el mensaje de la protección laboral más allá de los espacios de trabajo y convirtiéndolo en una cuestión de interés público que alcance a toda la ciudadanía.