Fundación 1º de Mayo | 15 de julio de 2024

Declaración de la Red de Archivos Históricos de CCOO

Las llamadas leyes de concordia de PP-VOX son un artefacto negacionista

    La calidad democrática de un país es directamente proporcional a la implementación de políticas públicas de Memoria Democrática. La memoria es un derecho de ciudadanía que hay que garantizar, tanto en el presente como para las generaciones futuras, y con ello restaurar memoria de la lucha por la democracia frente a los que se alzaron en armas contra ella, además de la memoria de los que luchando por la libertad fueron víctimas de la dictadura

    17/06/2024.
    Imagen perteneciente al archivo de la F1M

    Imagen perteneciente al archivo de la F1M

    Las iniciativas legislativas burdamente denominadas “de Concordia”, desarrolladas por el binomio político PP-VOX en diferentes comunidades autónomas, no dejan de ser un hito del proceso ya iniciado de borrado y eliminación del reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista; proceso que supone el blanqueamiento del golpe militar del 18 de julio de 1936. Golpe que, al fracasar, se convirtió en una guerra contra el régimen democrático de la II República, cuyo resultado fue la instauración de una cruel dictadura. Aquel golpe comenzó a fraguarse desde el mismo advenimiento de la República por sectores monárquicos autoritarios y de la ultraderecha nacionalista católica, reaccionarios y fascistizados. Fracasados como alternativa electoral al dar la mayoría de las españolas y españoles su confianza al Frente Popular en febrero de 1936, confiaron a un grupo radicalizado de militares colonialistas la imposición por la violencia de su proyecto político. La suerte y la voluntad de los aliados nazis y fascistas de los militares sediciosos hizo de Franco el dictador de España hasta su muerte en noviembre de 1975.

    La dictadura se erigió sobre un atroz y sanguinario exterminio de personas, expolio de bienes y destrucción de tradiciones liberales, republicanas, regionalistas y nacionalistas, obreristas, socialistas y anarquistas. Abolió los avances republicanos en educación, mejoras laborales, igualdad y reconocimiento de la pluralidad del Estado. Impuso un régimen represivo sistémico, en particular contra las clases populares y trabajadoras, contra las mujeres y contra las diversas lenguas y culturas nacionales del Estado. Las acciones legislativas de la actual derecha y ultraderecha en el poder en diversas comunidades autónomas buscan negar la verdad historiográfica que un largo y difícil esfuerzo de acceso a las fuentes e investigación ha puesto en evidencia. En su lugar, recuperan el falso relato justificatorio de los golpistas de 1936, igualan víctimas a victimarios, olvidan el terrorismo de Estado franquista, pero invocan el reconocimiento a las víctimas de grupos terroristas, que ya dispone de un amplio acerbo legislativo.

    Esta ofensiva legislativa reaccionaria se inicia en Aragón, derogando la Ley de Memoria Democrática de dicha comunidad y continúa con proposiciones de ley en Castilla y León, Baleares y País Valenciano. Pretende terminar con una normativa de memoria democrática y una política comprensiva de todas las obligaciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con alegatos negacionistas de la dura y sistemática represión a todos los niveles que impuso la dictadura franquista, eliminando todo derecho democrático y siendo especialmente dura contra las clases trabajadoras.

    Esta acción negacionista, mistificadora y destructiva de las políticas públicas de memoria democrática, por no hablar del desamparo judicial al que se vienen enfrentando las víctimas de la dictadura, no es un episodio aislado, sino que resulta si cabe más preocupante porque forma parte de una deriva de las derechas que en Europa y América blanquean posiciones vetadas hasta hace pocos años por el consenso antifascista de 1945. Podemos citar así la declaración del Parlamento Europeo de 2019 en la que se equiparan nazismo y comunismo. El binomio PP-VOX mantiene una visión del pasado que responde al proyecto social que defienden: sociedades sin derechos sociales, de extremo individualismo y grandes desigualdades. Plantean una lucha cultural para hacer hegemónico un relato de la historia que esconda y si fuera posible desprestigie las grandes luchas sociales por la democracia, la igualdad y el bienestar sin exclusiones que fueron motor de progreso económico y social de la Europa de la segunda mitad del siglo XX. La dictadura franquista mantuvo a España durante 40 años al margen de estas conquistas mediante la represión sistemática. Al ocultarla, se esconden también los objetivos sociales que la impulsaron al finalizar la guerra de España, primero, y la II Guerra Mundial, más tarde. Es aquí donde se enmarca esta ola legislativa reaccionaria que, además, tiene lugar en el contexto de guerras culturales semejantes promovidas por la ultraderecha en el ámbito europeo e internacional.

    Frente a esta ofensiva se han producido importantes manifestaciones de rechazo, desde las asociaciones de víctimas, entidades memorialistas, partidos políticos y sindicatos. También se ha manifestado el mundo académico, con la elaboración de manifiestos que, como el de historiadores e historiadoras de Zaragoza, Castilla y León, y Valencia consideran que las políticas del PP y VOX contra la memoria democrática se basan en una visión mistificadora y no cierta de la historia de España en el periodo 1931-1978. Desde la ONU, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, han manifestado que las llamadas leyes de “Concordia” atentan contra la Memoria Democrática e invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, y humilla a las miles de víctimas que sufrieron la barbarie del franquismo. Desde la Red de Archivos de CCOO nos unimos a las múltiples voces que se han alzado contra las acciones derogatorias de las políticas de memoria democrática que han emprendido las coaliciones de gobierno del PP y VOX y reafirmamos nuestro compromiso, que lo es con la defensa de los derechos humanos y con nuestra propia historia como sindicato de la clase trabajadora.

    La calidad democrática de un país es directamente proporcional a la implementación de políticas públicas de Memoria Democrática. La memoria es un derecho de ciudadanía que hay que garantizar, tanto en el presente como para las generaciones futuras, y con ello restaurar la memoria de la lucha por la democracia frente a los que se alzaron en armas contra ella, además de la memoria de los que luchando por la libertad fueron víctimas de la dictadura.

    Desde la Red de Archivos de CCOO celebramos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la llamada Ley de concordia de Aragón, decretada mientras se dirime el recurso gubernamental contra la norma impugnada. Esperamos que sea el inicio del proceso de restitución normalizadora de la Memoria Democrática en Aragón y en otras Comunidades Autónomas.

    Compartimos el posicionamiento de los relatores de la ONU, el posicionamiento de historiadores, también de entidades memorialistas y fuerzas políticas que han manifestado su rechazo a la ola reaccionaria, e instamos al Gobierno a avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, así como el desarrollo de todas la medidas que prevé la Ley en su marco competencial.

    Madrid, junio de 2024